La justicia NO debe de ser ciega

  • La desigualdad estructural e invisibilizada limita el acceso a los altos cargos de la carrera judicial.

El Poder Judicial, el Legislativo y Ejecutivo forman el equilibrio de poderes, por lo que Montesquieu resaltaba que “para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder”.

El facultado para impartir y administrar justicia para todos y todas es el Poder Judicial, sin embargo, la presencia de mujeres en este poder ha sido limitada, insuficiente y desigual. Hagamos un análisis.

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación está conformado por nueve ministros y dos ministras, una participación de 18% de mujeres. Por su parte, el Consejo de la Judicatura Federal está integrado por cinco hombres y dos mujeres, situación que se repite en la Sala Superior del Tribunal Electoral, de siete magistrados, sólo dos son mujeres. Para el caso de las y los jueces y magistrados de los mil 429 puestos, sólo 289 son mujeres, es decir, sólo el 20%.

De acuerdo con el artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tanto las magistraturas de circuito como los juzgados de distrito son nombrados y adscritos por el Consejo de la Judicatura Federal y duran seis años en el cargo. Estos tribunales se dividen en dos clases: colegiados y unitarios. Los colegiados se integran por tres miembros, entre quienes eligen un presidente anualmente, por su parte, los Tribunales Unitarios se encuentran a cargo de un solo magistrado o magistrada.

En este ámbito, la desigualdad también es gravísima, la competencia territorial del Poder Judicial se divide en 32 circuitos de los cuales seis no tienen ninguna magistrada, en 11 trabajan de una a dos mujeres, en 10 hay entre tres y seis y, en sólo cuatro circuitos hay más de nueve mujeres. Observamos, que en el circuito 16, correspondiente al estado de Guanajuato, hay 31 hombres y ninguna mujer.

La igualdad ante la Ley entre hombres y mujeres está garantizada tanto por el marco jurídico internacional como el nacional, sin embargo, la igualdad sigue sin cumplirse; la desigualdad estructural e invisibilizada en los exámenes de oposición, las convocatorias del Poder Judicial, las diferencias en la experiencia de ser juzgador o juzgadora y todos los demás obstáculos propios del género, como lo es la doble o triple jornada laboral de las mujeres que les sigue limitando el acceso a los altos cargos de la carrera judicial.

Si bien en 2015 se estableció el Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial, éste no ha sido suficiente para institucionalizar, transversalizar y aplicar la perspectiva de género en el Poder Judicial y eliminar los obstáculos que las juezas viven en la carrera judicial.

Con la reciente aprobación en el Congreso de la Unión en Materia de Paridad de Género para modificar la Constitución Política, el Poder Judicial deberá observar el principio de paridad en los concursos para la integración de sus órganos, otorgando de esta manera piso parejo, una igualdad de acceso, de salida.

La inclusión de más ministras, magistradas y juezas también ofrece la posibilidad de dictar resoluciones, con perspectiva de género, que disminuyan la discriminación, la desigualdad y la violencia contra las mujeres y niñas.

Claro está que, cuerpo de mujer, no garantiza consciencia de género; pero también es claro que nadie nace sabiendo, que nadie nace feminista, que nadie nace juez o jueza.

Por Catalina Monreal.

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